Como suele decirse, los hechos no necesitan ser demostrados, y es un hecho que la Iglesia Católica en la República Dominicana está protegida por el Estado. La razón de todo esto es ampliamente conocida: el Concordato entre El Vaticano y el Estado dominicano.Los evangélicos (protestantes) en forma recurrente vienen reclamando desatar este “nudo” iniciando un sometimiento de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Se apela a levantar un muro de presión sobre los jueces supremos para que fallen a la mayor brevedad posible tan peliagudo caso.
Nos da la impresión, por la actitud sistemática del pedido, que no estamos en presencia de un estado independiente desde el punto de vista religioso. Aunque la Iglesia Católica y las demás gozan de atenciones especiales, tampoco ponen en peligro la laicidad del Estado en la toma de decisiones sin intervención directa de ninguna autoridad eclesial.
Todas tienen respaldo y respeto del Estado: libertad de cultos, facilidades, donativos, una con más que las demás, pero sin poner trabas a la libérrima condición de independencia que puede invocar la autoridad gubernamental.
Sí, resulta todo un desafío por parte de los evangélicos alcanzar una igualdad de trato con una institución que ha tenido tan fuertes e históricos lazos en la consolidación de la familia dominicana por más de quinientos años.
Esta misma Iglesia Católica que disfruta de todas esas prerrogativas impugnadas y censuradas con acritud por ministros protestantes, adventistas, episcopalianos, testigos, bautistas, mormones, etc., fue foro y defensa por parte de los dominicanos de los fueros del aborigen de América.
La fuerza pétrea de los monumentos eclesiales y públicos que regenta en La Española desde el siglo XV, sirvieron de recintos a hombres como Fray Pedro de Córdova, Fray Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de Las Casas, para emprender las más importantes jornadas de Derecho Internacional Público, cuyos sermones, principalmente el de adviento en 1510, sirvieron para la redención moral y económica del indio americano.
Treinta leyes promulgadas por gestión de esa institución, que promovió y conmovió las históricas Juntas de Burgos, para proteger al indígena en Santo Domingo y en las demás tierras conquistadas, le dan el toque primacial para ocupar asiento de preferencia. Si importante ha sido su aporte en los derechos y deberes, también nos ha inculcado los valores, la ética, la moral; la visión a nuestros líderes, a los próceres, a los héroes que nos brindaron la dominicanidad.
Es decir, ha brillado en todos los escenarios de la República para reafirmar su presencia sin intermitencias, derramando cultura y evangelización en bien de apuntalar los destinos nacionales.
Difícilmente la Suprema Corte se aboque a derribar ese afianzamiento de las relaciones Iglesia-Estado; más cuando los mismos Fundadores de la República veneraron a uno de sus más importantes íconos, para hacer fe de su compromiso.
Es una osadía de los impugnadores tratar de mellar la incidencia de esta aliada no solo espiritual sino por su comportamiento ejemplar de rectitud en los momentos cruciales de la patria. Imagínese usted, amigo lector, que la comunidad evangélica de Italia le reclame igualdad al Estado italiano para que le brinde facilidades para establecer un Estado Protestante en el Vaticano. ¿Serían complacidos?
Crezcan y gánense el apoyo masivo de la población, pero záfense de esa oposición celosa y fanática, con virulencia inextinguible que tienen contra la feligresía católica. Recuerden las raíces, el legado patrimonial, artístico, cultural y humanístico del catolicismo en la tierra dominicana, que es para como entender que si las cosas están bien, lo mejor es que permanezcan así.
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PASTOR ISRAEL VALENZUELA 
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