POR ARISTIDES REYES
Diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Reformita Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Dominicano (PRD) anunciaron hoy el sometimiento de un proyecto de ley que busca que el Estado conceda a las iglesias evangélicas el mismo trato que da a la Iglesia Católica en lo referente a la oficialización de matrimonios y designación de capellanías.En rueda de prensa conjunta celebrada en el Congreso Nacional, el diputado peledeísta Carlos Peña, quien leyó un documento a nombre de las tres bancadas, informó que la nueva iniciativa se llamará “Ley General de Asociaciones Religiosas” y que busca que se otorgue trato equitativo a todas las iglesias, como lo establece la Constitución.
El proyecto establece que las iglesias, concilios y ministerios evangélicos gozarán de los beneficios fiscales previstos en el Código Tributario, así como en leyes especiales para entidades sin fines de lucro de carácter benéfico.
Peña, acompañado de los diputados Eugenio Cedeño Areché (PRD-La Romana); Milcíades Franjul (PLD-Peravia) y Pedro Caro (PLD-Baoruco), así como Frank Martínez (PRSC-La Romana), precisaron que el citado proyecto reconoce como bueno y válido el Concordato firmado por el Estado y el Vaticano en 1953.
Explicó que la pieza congresional establece que el Gobierno otorgará una subvención mensual para los gastos de administración de las iglesias e instituciones pobres representadas en todos los barrios de la geografía nacional.
Además el proyecto indica que los matrimonios oficiados por un ministro evangélico será insertado en el Registro Nacional de Asociaciones Religiosas y tendrá el mismo efecto legal que el matrimonio civil.
Peña dijo que la pieza contempla la creación del servicio de capellanía para los ministros de cultos, quienes estarían autorizados a ejercer su ministerio pastoral en los recintos carcelarios, hospitalarios y militares.
El proyecto, que fue consensuado entre las bancadas, especifica que de aprobarse sólo será aplicado a las asociaciones religiosas cristianas que al momento de su promulgación su relación con el Estado no esté amparada en una ley especial o un convenio internacional.
Además se establece la creación de una comisión asesora de libertad religiosa que se encargará de velar por el cumplimiento de la ley y representará a las diferentes asociaciones religiosas cristianas.


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