El Congreso de Guatemala decidió, la tarde de este martes, retirar la inmunidad al presidente Otto Pérez, por lo que el mandatario deberá responder, ante los tribunales ordinarios, por los delitos que se le imputan, el más destacable, liderar una mafia que expoliaba al Estado desde las aduanas. Además, un juez ha impuesto al mandatario una medida de arraigo para impedir una posible fuga mientras se desarrolla la investigación.

El suceso, sin precedentes en la historia contemporánea del país, se da 12 días después de que la Fiscalía y la Comisión internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denunciaran al mandatario y ordenara prisión para la ex vicepresidente, Roxana Baldetti.

A la sesión extraordinaria, convocada exclusivamente para conocer la recomendación de la Comisión Pesquisidora que estudió el expediente de la Fiscalía y la CICIG, y recomendó que Pérez Molina fuera desaforado, asistieron 132 de los 158 diputados del Legislativo. La decisión fue abrumadoramente mayoritaria: un solo voto en contra, el del diputado del Partido Patriota (en el poder), Gregorio Nolasco.

El Congreso deberá enviar, esta misma tarde, el resultado de la votación ante el Supremo, que designará a un juez de alto impacto para que procesar al mandatario.

Pérez Molina todavía guarda un as bajo la manga: un recurso interpuesto ante el Constitucional y que deberá resolverse a la brevedad. Se espera que la resolución sea adversa al mandatario, toda vez que se trata de una evidente argucia legal destinada a retrasar el proceso.

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